Las comunidades peruanas en el exterior están de duelo. El Ministerio de Relaciones Exteriores con la aprobación de la resolución ministerial 1414/2008/RE, acaba de suscribir el acta de defunción de los consejos de consulta. Con tal medida, puede decirse inequívocamente que los peruanos residentes en el exterior quedan en completa indefensión ante los actos arbitrarios, delictivos e irregulares, emanados de los consulados.
Aún cuando he defendido abiertamente las bondades del capital social para cualquier comunidad política y la necesidad de auditoría social y control ciudadano sobre cualquier autoridad pública, es indudable que toda promoción de asociacionismo y participación son desanimadas con decisiones deleznables de una cancillería que le hace el juego sucio a un gobierno autoritario, corrupto e ineficiente en la gestión de políticas públicas.
Las pruebas de tal despropósito lo evidencian los artículos 3º, 9º, 10º, 12º, 15º, 22º, 23º, 25º, 27º, 30º, 31º; es decir, casi el 50% de las disposiciones normativas del nuevo reglamento van contra la naturaleza y el contenido esencial de auténticos consejos de consulta. De esta forma, la resolución en mención otorga poder ilimitado a los cónsules en detrimento de los consejos de consulta y de la sociedad civil. Un análisis más detallado confirma mi hipótesis:
En toda sociedad democrática, la fiscalización y el control ciudadano no sólo constituyen un derecho fundamental, sino que se erigen en mecanismos claves para garantizar el buen funcionamiento, la transparencia y la gestión efectiva de los servicios públicos. No obstante, el nuevo reglamento prevé literalmente que los consejos de consulta no tienen atribución para fiscalizar a los consulados. Entonces, ¿quién fiscaliza a éstos?, ante la evidencia de irregularidades, corrupción e ineficacia de las oficinas consulares ¿quién alza la voz en nombre de las comunidades peruanas? La respuesta es obvia.
El poder no se limita así mismo. Requiere de órganos ajenos a su influencia para garantizar imparcialidad. Este fin, en sí mismo, es un incentivo para una ciudadanía movilizada que clama una mejor provisión de servicios consulares. Y es que no hay manera de reivindicar servicios eficientes y eficaces cuando un consejo de consulta carece de competencias fiscalizadoras. Dentro de un marco de democracia deliberativa puede aceptarse que aquéllos carezcan de carácter vinculante, pero vaciarles de control y fiscalización socava los presupuestos básicos de toda democracia.
A ello se suma la prohibición expresa de los consejos para realizar actividades que vayan en detrimento de la imagen del Estado o sus representaciones oficiales. Es decir, cualquier consejero, y el propio consejo en pleno, no podrá pronunciarse sobre la coyuntura socio política del Perú, pues denunciar actos de corrupción, autoritarismo, o cualquier irregularidad gubernamental, será causal suficiente para la suspensión de cualquier consejero. Entonces, los miembros del consejo son forzados a ser pasivos, inmovilizados, mudos y cómplices. El ejercicio de ciudadanía activa está vedado para ellos.
Ciertamente, las potestades ilimitadas de los consulados no quedan ahí. Frente a un comité electoral de fachada es probable que los jefes de las oficinas consulares administren justicia electoral. La anulación de la elección del consejo de consulta de Barcelona por el Cónsul Miguel Palomino es un precedente incuestionable para la comisión de otras arbitrariedades. Al fin y al cabo, por dicho comportamiento, y seguramente por su eficacia, efectividad y eficiencia al frente de su institución, ha sido premiado con el ascenso.
Finalmente, las ofensas contra el consejo de consulta presentan un nuevo valor agregado: Los cónsules aprobarán los planes de trabajo del consejo, aún cuándo éstos no están sujetos a jerarquía funcional. Al mismo tiempo, toda iniciativa del consejo para crear comisiones de trabajo tendrán que contar con el visto bueno de los cónsules. Dónde quedó la demagogia de los artículos 1º, 2º y 3º del nuevo reglamento? Seguramente en las cloacas de la cancillería.
En base a todas estas consideraciones, y remarcando que los jefes consulares ostentan la iniciativa para implementar sanciones a los consejeros incómodos al gobierno, la mesa está servida para el triunfo de la impunidad.
García, su partido, y el Ejecutivo que dirige, han dado muestras de incapacidad y falta de voluntad política para gobernar en gobernanza. Si a ello se suma la pasividad de los consejos de consulta para no alzar la voz, y el inmovilismo de la sociedad civil, cabe concluir que los consejos de consulta que se constituyan al amparo del nuevo reglamento no servirán para nada, más que para sonreír y avalar a los compañeros cónsules. La burla u ofensa perpetrada contra las comunidades peruanas en el exterior amerita instaurar la desobediencia civil.
La asistencia masiva de los cónsules y apristas al funeral de los consejos queda garantizada. Mi más sentido pésame.



Peruanos en el Exterior...necesidad o problema?
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