El Burro del Hortelano (sobre elecciones frustradas al Consejo de Consulta)

por Jans Erik Cavero Cárdenas

El Hortelano de Alan García no sólo tiene perros. Los petroaudios de la corrupción demuestran inequívocamente la presencia de ratas o cuervos, así como la ineptitud de ciertos servidores públicos muestra la presencia de burros en algunas entidades del Estado. Un caso que se constituye en evidencia empírica de ineficiencia e ineficacia funcional es el Consulado del Perú en Barcelona, el mismo que durante el último año de funcionamiento no sólo no ha ejercido competencias de impacto significativo, sino que viene agotando esfuerzos para evadir acciones de control y fiscalización.

Si en algo se ha caracterizado Miguel Palomino (cónsul en Barcelona) ha sido en imponer prepotentemente su voluntad. Amerita recordarle que el Perú no le paga por politizar el consulado, someter algunas asociaciones y boicotear iniciativas que han intentando poner coto a su cuestionable gestión. La anulación de las elecciones al consejo de consulta en Barcelona lo dice todo. Palomino quiere un consejo controlado; desea que las asociaciones peruanas en Barcelona le reverencien; y condiciona ciertas ayudas a eventos socio culturales.

Lo que no entiende, o ignora, es que está subordinado al Ministerio de Relaciones Exteriores. El presupuesto asignado al consulado proviene del dinero que todos los ciudadanos peruanos aportan al erario nacional, con lo cual Palomino no puede contratar personal administrativo o funcionarial porque estaría infringiendo la ley de presupuesto, a no ser que estén previstas algunas contrataciones, en cuyo caso el ingreso debe ser por mérito y capacidad. El Congreso de la República y la Contraloría General deberían investigar la gestión del cónsul, pues es sabido que el primo hermano de Alan García, Salvador García, labora con Palomino en Barcelona.

Ahora bien, demás está decir que el Perú tiene en España 4 consulados repartidos en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña (Barcelona), Andalucía (Sevilla) y Valencia. A ello se suman oficinas en Canarias, Mallorca, Málaga, Salamanca, Tenerife y Zaragoza. ¿Quién financia todo este gasto público? Los impuestos, las contribuciones y tasas que pagamos los peruanos. Ello se contradice con la política de austeridad que ha proclamado el gobierno aprista y nada justifica que entidades poco funcionales sigan operativas.

Los ciudadanos peruanos y peruanas residentes en el exterior tienen derecho a recibir servicios consulares de calidad. También tienen el derecho de control ciudadano y fiscalización a la gestión de sus consulados. Los consejos de consulta creados en el 2001 bien pueden servir para salvaguardar los derechos y las reivindicaciones de las comunidades peruanas en el exterior. Aunque no tengan carácter vinculante, pueden contribuir a mejorar la prestación de los servicios consulares mediante un trabajo cooperativo con los consulados autónomos, neutrales e independientes.
No obstante, su reglamento de funciones (RM 1197-2002/RE y RM 0687-2004/RE) no prevé que actúen como instancias participativas de control ciudadano, estando las comunidades peruanas en completa indefensión, máxime tratándose de consulados incapaces, corruptos o copados políticamente. Urge por tanto una revisión a la regulación de los consejos de consulta, caso contrario subyace la pregunta ¿Quién controla a los consulados? Ciertamente Relaciones Exteriores, pero ¿qué sucede cuando RREE es también del partido de gobierno? Menudo dilema.

La indefensión en que hoy se encuentran los peruanos en Barcelona resulta patente. Miguel Palomino debe explicar y justificar los argumentos jurídicos por los que ha anulado discrecionalmente la elección del consejo de consulta 2008 - 2009, pasando por encima al comité electoral. El reglamento de dicho consejo (colgado en la Web del propio consulado) no prevé tal atribución, y si algún otro instrumento lo previera urge su derogación, pues es inconcebible ser causal de anulación el hecho de que el número de candidatos sea inferior a 10.

La presencia de 14 candidatos garantizaba en Barcelona la elección del nuevo consejo, pero súbitamente el mismo día, a la misma hora, y con argumentos poco convincentes, 7 de ellos renunciaron tres días antes de la votación. Ciertamente los 7 renunciantes, apristas por militancia o simpatía, estaban digitados para boicotear la elección. Si el número mínimo es 10 consejeros, y si un número inferior es causal de anulación, se sienta un grave precedente, máxime cuando el cargo de los consejeros es ad honorem, protocolar, no decisorio y sin carácter vinculante.

Si se mantienen estas actitudes unilaterales y autoritarias, y si no se les da a los consejos de consulta atribuciones de control y fiscalización, sin que ello suponga otorgarles decisión política, sería mejor extinguirlas, pues entonces ¿para qué servirían?, ¿cuál sería su real utilidad? Miguel Palomino, los demás cónsules y embajadores, y el propio ministro de RREE, tienen que entender que no son amos o patrones de nadie, sino servidores públicos que tienen que ejercer funciones en beneficio de los peruanos que, por una u otra razón, han decidido vivir fuera del país.


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